CB Richard Ellis: Valoraciones fraudulentas

Bajo el titular Richard Ellis se fió de las cifras dadas por Aisa para valorar sus activos nos encontramos con la siguiente y sorprendente noticia en La Razón:

Hasta hace poco, era simplemente un «runrun» en el sector: nadie se creía algunas valoraciones de los activos de las inmobiliarias. Sin embargo, la CNMV ya dio la voz de alarma hace dos semanas al emitir una serie de recomendaciones para las entidades que valoran los activos, instándoles a una mayor transparencia e independencia. Y las sospechas de la CNMV tenían fundamento sólido. Según la última valoración de activos de la inmobiliaria catalana Aisa (sobre la que pesa una petición de concurso de acreedores) a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, Richard Ellis (CBRE), la entidad que llevó a cabo dicha valoración, ni siquiera realizó una medición de los terrenos que iba a valorar.

La firma «confió en la información que le fue facilitada por Aisa» para dar su opinión sobre el valor de los activos de la promotora. Así, según dicho informe de valoración, Richard Ellis otorgó un valor de 220 millones de euros a un terreno de 8,9 millones de metros cuadrados situado en Zaragoza. Esto supone valorar en 25 euros el metro cuadrado de dicho terreno. Según datos del registro mercantil, 7 meses antes, su anterior propietaria vendió una parte de la misma finca a 1,05 euros el metro cuadrado. Pero la polémica con dicho suelo de Zaragoza no acaba aquí. Richard Ellis tampoco acudió a los ayuntamientos a comprobar la calificación del suelo, sino que obtuvo la información urbanística de cada propiedad «con base telemática». El problema es que, según fuentes jurídicas consultadas, mediante ese procedimiento no se puede conocer si se han presentado proyectos de recalificación de suelos para un terreno rústico ni tampoco muestran información de suelos en desarrollo. Por eso, Richard Ellis no pudo comprobar que el terreno estaba «especialmente protegido», lo que dificulta su desarrollo urbanístico y limita mucho su valor. Sin embargo, el valorador se cubre las espaldas, ya que asegura que si la información facilitada por la compañía es incorrecta «la exactitud y la fiabilidad de la valoración podrían verse afectadas». Además, recomienda que «con anterioridad a llevar a cabo cualquier transacción financiera basada en la valoración, se obtenga una verificación». Pero, como es habitual en el sector, Aisa utilizó ese documento a su antojo. Hipotecó el terreno de Zaragoza (de cuyo valor duda hasta un perito independiente) para refinanciar deuda vencida.

De hecho, el valor de los activos de Aisa ha echado para atrás a dos empresas con las que negoció su fusión: Astroc y Hemeretik. Y, como Martinsa ha demostrado, la fiabilidad de las valoraciones y el uso que le han dado las promotoras para pedir créditos es, al menos, cuestionable, al igual que la ligereza de la banca dando préstamos basándose en estas valoraciones «independientes».

Fuente: http://www.larazon.es/55216/noticia/Econom%C3%ADa/Richard_Ellis_se_fi%F3_de_las_cifras_dadas_por_Aisa_para_valorar_sus_activos

Y menos mal que según otro artículo de el economista de fecha 1 de Julio se decía que esta consultora iba a cumplir "escrupulosamente desde hace tiempo" las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a inmobiliarias y tasadoras sobre valoración de inmuebles."

¿Cobros anticipados legales?

Nos encontramos con otra noticia hoy que demuestra la poca ética de algunas constructoras: "Martinsa cobraba anticipos por viviendas sin licencia de obra" publicada en el Mundo en la dirección http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/07/21/economia/1216622570.html donde explica cosas como:

"Martinsa-Fadesa se apresuró a asegurar, tras presentar el pasado lunes el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos), que su intención era la de acabar las promociones en curso y respetar los contratos firmados. Sin embargo, las más de 12.500 familias que esperan que la promotora les finalice sus viviendas no las tienen todas consigo. Tampoco tienen claro que puedan recuperar las cantidades que anticiparon a la empresa antes de la formalización de las escrituras.

Los bufetes de abogados que han empezado a aglutinar a los afectados por la suspensión de pagos de la compañía han detectado múltiples irregularidades en los contratos firmados con los clientes y que, en muchos casos, vulneran la legalidad. La firma Ofilegal, que ha creado la primera asociación de afectados y a la que ya se han adscrito unas 70 personas de Madrid y Barcelona, asegura que los contratos analizados presentan graves anomalías que dejan desprotegidos a los compradores. "Son contratos con veneno dentro", afirma Angel Pable, director financiero de Ofilegal."

Esto último es el ejemplo de como algunas franquicias ven la oportunidad en cualquier parte.